Consideraciones a saber sobre abogado online
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La dualidad de sentimientos se manifestaba por ejemplo en el primer publicación escrito en catalán, Lo verdader catalá,[24] que preconizaba el mantenimiento de la personalidad catalana contiguo con la unidad material y espiritual de España. Y al mismo tiempo se criticaba el maniquí centralista de Estado que estaba construyendo el Partido Moderado, en el poder durante la viejo parte del reinado de Isabel II.
Sin embargo, se mantuvo la «férrea competición a cualquier tentativa de identificación con Castilla en lengua y leyes», no obstante que a lo amplio del siglo XVIII se había mantenido la reivindicación de las instituciones y leyes propias del Principado de Cataluña abolidas por el decreto de Nueva Planta de Cataluña de 1714, Vencedorí como el uso de la idioma propia, incluso en ciertos niveles administrativos y académicos, como lo prueba la reiteración de decretos exigiendo el uso exclusivo del castellano.
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Una Circular de la Dirección Militar de Enseñanza Primaria del 27 de octubre de 1923 impuso la enseñanza monopolio en castellano —se recordaba a los inspectores la obligación «de enseñar la jerga castellana en sus respectivas escuelas y de topar la enseñanza en el mismo idioma» vigilando estrictamente a los maestros en este punto—,[181] otra de final de año prohibía la enseñanza del catalán en los centros mantenidos por el Estado[188] y una tercera, del 15 de febrero de 1924, facultó a los inspectores de educación para que pudieran suspender de empleo y sueldo a los maestros que incumplieran la norma e incluso clausuraran los centros escolares, tanto públicos como privados, donde éstos trabajaran.
En 1911 la Diputación Provincial de Barcelona presidida por Prat de la Riba decidió impulsar una vieja reivindicación catalanista, que aparecía aún en el aplicación de la coalición Solidaritat Catalana: aglutinar las cuatro diputaciones catalanas en un único ente regional. El 16 de octubre los cuatro organismos provinciales aprobaron conjuntamente las Bases de Mancomunidad Catalana que preveía la formación de una asamblea formada por todos los diputados provinciales y de un consejo permanente de ocho miembros, dos por provincia.